ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

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Un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento mediante el cual se analizan los principales impactos que genera un determinado proyecto, obra, industria o actividad, y en el que se establecen las medidas de mitigación para reducir el potencial efecto negativo al medio ambiente. Su base legal está establecida en el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto No. 68-86.

Una planta de tratamiento en operación, es una medida de mitigación para la reducción de los impactos que se generan al recurso hídrico por la descarga de aguas residuales a un cuerpo receptor, pero también su construcción y funcionamiento genera impactos al medio ambiente, por lo que debe contar con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Cabe resaltar que existen instrumentos ambientales de tipo predictivo y correctivo. Por ejemplo, para una planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- a construirse, debe elaborarse un instrumento de carácter predictivo y si una PTAR se construyó y está operando sin licencia ambiental, se debe elaborar un instrumento de carácter correctivo denominado “diagnóstico ambiental”. Esto se debe a que durante la operación de una planta se generan impactos como olores, producción y movilización de lodos, impactos sociales, entre otros.

El procedimiento de análisis, evaluación y resolución de instrumentos ambientales se rige por el Acuerdo Gubernativo No. 137-2016, -Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), en el que se establecen diferentes tipos de instrumento con base a una categoría de impacto potencial al medio ambiente dependiendo de la actividad. Para ello se utiliza el “Listado Taxativo” -Acuerdo Ministerial No. 199-2016-.

El diseño, construcción y operación de una PTAR municipal no se encuentra categorizado en el actual listado taxativo ya que en el numeral 533 se hace mención de las empresas que desarrollan proyectos de tratamiento de aguas residuales y éste no es aplicable, por lo que la Dirección de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales –DIGARN- emitió la Resolución Administrativa No. 010-2016/DIGARN/JMGM/laf, la cual establece que para el “Diseño, Construcción y Operación de Plantas Municipales de Tratamiento de Aguas Residuales de tipo ordinario” le corresponde una categoría B1 si la planta se diseña para tratar aguas residuales de más de 10,000 habitantes; y, B2 si la planta se diseña para tratar aguas residuales de hasta 10,000 habitantes.

En la mayoría de municipios, los beneficiarios de una planta de tratamiento no sobrepasan los 10,000 habitantes, por lo que la categoría que le corresponde es la B2 (genera de moderado a bajo impacto ambiental potencial). Este tipo de instrumento ambiental lo conforma un formulario en adición a un Plan de Gestión Ambiental. El formulario para una planta a construir se le denomina Evaluación Ambiental Inicial (EAI) y si es una planta en operación, se utiliza el formulario del Diagnóstico Ambiental de Bajo Impacto (DABI). En lo que respecta al Plan de Gestión Ambiental, sólo puede ser elaborado por un consultor ambiental que tenga el aval del MARN por medio de una licencia, quien debe atender los términos de referencia que establece la DIGARN. El personal de la Dirección Municipal de Planificación puede encontrar los formularios y listado de consultores ambientales en la página web del MARN.

Al momento de elaborar el instrumento ambiental debe tenerse bien definida la ubicación de la PTAR, y si se encuentra o no en área protegida según el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-, lo cual debe consignarse en un Acta de Declaración Jurada junto con la veracidad del contenido del instrumento ambiental. Este formato también se encuentra también en la página web del MARN.

Según el Acuerdo Gubernativo No. 137-2016, los instrumentos de categoría B2 pueden ingresarse, evaluarse, dictaminarse y resolverse en las delegaciones departamentales, por lo que el proceso debería ser más ágil. En el proceso de evaluación por parte del MARN posiblemente se realice una inspección al lugar del proyecto, para lo cual el personal municipal debe dar acompañamiento. Si la planta de tratamiento se construirá en área protegida se requiere una opinión técnica de CONAP en la que establezca si es favorable o no, con base a sus planes maestros. Las municipalidades deben tomar en cuenta que la opinión técnica aumenta el tiempo en que se resolverá y quedará en firme el EIA.

En caso el asesor evaluador de la DIGARN requiera información adicional para aclarar o complementar el instrumento ambiental, se le solicitará a la municipalidad de manera oficial contando con 15 días a partir de la notificación para presentar lo solicitado. La asesoría de ANAM recomienda que se anexen al instrumento ambiental, los resultados de análisis de laboratorio de la calidad del agua que se utilizó para el diseño, la memoria de cálculo del diseño, planos y el manual de operación y mantenimiento (firmados, sellados y timbrados por profesional en el área), para que el asesor evaluador tenga el respaldo de la información y no requiera solicitar ampliaciones que atrasa la emisión de dictamen.

Posterior al dictamen, se emite una resolución en donde se establecen los compromisos que debe cumplir la municipalidad en la etapa de construcción y en la etapa de operación de la PTAR. Es así como la empresa constructora debe atender dichos compromisos los que estarán incorporados en el contrato respectivo. Lo anterior para efectos de dar cumplimiento a los compromisos por parte de la municipalidad y no tenga en el futuro, hallazgos en el momento de una auditoría ambiental.

El proceso no termina con obtener una resolución aprobatoria del MARN, como algunos funcionarios municipales piensan por ser el requisito que les requiere la SEGEPLAN para el ingreso de sus proyectos. El proceso en el MARN finaliza con la obtención de la licencia ambiental, la cual requiere de un seguro de caución y un seguro ambiental cuyo valor se establece con base en los costos de medidas de mitigación colocados en el instrumento ambiental. La licencia ambiental para un proyecto categoría B2 es de Q.5,000.00 cada 3 años o Q.10,000.00 cada 5 años.

Los principales gastos que tendrá la municipalidad al efectuar sus estudios previo a la ejecución de la PTAR, son los siguientes: 1) Contratación de especialista para el diseño de la planta; 2) Elaboración del estudio técnico de agua residual con sus pruebas de laboratorio de la calidad del agua; 3) Contratación de consultor ambiental para la elaboración del plan de gestión ambiental; 4) Pago de los seguros de caución y ambiental; 5) Pago de la licencia ambiental; y, 6) Gastos para el cumplimiento de los compromisos ambientales. Por lo tanto, es de suma importancia una eficiente planificación operativa anual en donde se tomen en cuenta todos los aspectos antes mencionados ya que deben presupuestarse todos los estudios previos a la ejecución del proyecto.

La fecha máxima de cumplimiento de los parámetros de agua residual de la primera etapa es el 31 de mayo de 2019, según el Acuerdo Gubernativo No. 110-2016 -Reforma al Acuerdo Gubernativo número 236-2006 de fecha cinco de mayo del año dos mil seis, Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos-. Por consiguiente, las plantas de tratamiento deben estar construidas en 2019 y realizar todos los estudios de prefactibilidad durante 2017 (estudio técnico de agua residual, memoria de cálculo del diseño y estudio de Evaluación de Impacto Ambiental). Por lo tanto, es fundamental que en el Plan Operativo Anual 2017 se incluyan los proyectos de saneamiento para fortalecer la gestión municipal en el contexto medio ambiental.

Por:

ana-gloria-region-vIng. Ana Gloria Montes Peña

Asesora de Estudios de Impacto Ambiental, Agua y Saneamiento

Región V de ANAM.

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